Gotson Pierre, AlterPresse
Para el Servicio Informativo "Alai-amlatina"
ALAI-AMLATINA 25/11/2003, Puerto Príncipe.- El régimen de Jean
Bertrand Aristide, antiguo sacerdote en el poder en Haití, entró
en una "desviación cada día más grave" que no tiene nada que ver
con su primer mandato de 1991. Hay "una tendencia a un
despotismo asombroso e insoportable". Esta "desviación" es
"implacable, definitiva y no recuperable". La persona que se
expresa así es Christophe Wargny, un historiador y profesor de
periodismo francés, que fue, hasta 1996 (fin del primer mandato
de Aristide), asesor del jefe de Estado haitiano.
En octubre pasado, Wargny observó que las libertades
fundamentales no son respetadas en absoluto. Meses antes,
sacerdotes haitianos, antiguos compañeros de Aristide, dijeron
lo mismo, pero con otras palabras. Con ocasión de la ceremonia
de los funeralas del padre Antoine Adrien (que Aristide
consideró como su propio padre) en mayo, el sacerdote William
Smart, denunció "la pasión por el poder absoluto". El padre Max
Dominique expresó su "decepción" e insistió sobre "exacciones
cometidas por la policía y cuerpos de bandidos".
En realidad observadores en Haití y el exterior se dan cuenta de
la degradación general de la situación en el país, en vísperas
del bicentenario de su independencia.
Bloqueo político persistente
El país caribeño está viviendo una transición democrática que
está sistemáticamente obstaculizada. Un documento sobre la
situación haitiana, publicado durante este año por la
Organización de Naciones Unidas, destacó que el Estado de
derecho "está deteriorado" con una nueva serie de crisis basadas
en problemas electorales desde 1997.
Las elecciones legislativas del año 2000 no han sido resueltas
después de que fueron denunciadas como "fraudulentas" por la
oposición política, particularmente por la coalición
Convergencia Democrática.
Los intentos de la Organización de Estados Americanos (OEA) de
"solucionar" esta crisis electoral, no dieron resultado alguno.
Más de 20 misiones de la OEA fracasaron.
Una segunda resolución (822) sobre esta crisis, fue votada por
la OEA en septiembre de 2002, previo a las elecciones
legislativas de fines de 2003. Pero, el Jefe de la Misión de la
OEA en Haití, David Lee, no pudo constatar, un año después de la
votación de la resolución, que "suficientes disposiciones hayan
sido tomadas por el gobierno en lo que concierne (entre otras) a
la seguridad y la impunidad". Subrayó que "los otros actores
continuaron insistiendo" por el respecto de algunos puntos antes
de "avanzar hasta el Consejo Electoral Provisorio".
Incremento de violaciones
Esta situación ha ocasionado una polarización y una intolerancia
muy fuertes alimentando una tensión política y social
permanente, donde los derechos humanos son sistemáticamente
violados, empezando por la libertad de expresión.
"Son decenas de periodistas y trabajadores de la prensa, de
generaciones diferentes, que fueron asesinatos, maltratados,
arrestados, amenazados o forzados al exilio", durante los tres
últimos años, declaró el Grupo de Reflexión y Acción para la
Libertad de Prensa (GRALIP), en un informe del mes de abril.
Con relación a otros casos, no pasa un día sin que los
organismos de defensa de derechos humanos denuncien
violaciones. En marzo pasado, un informe de la Comisión Justicia
y Paz de la iglesia católica de Puerto-Principe dio a conocer que
en la capital 117 personas fueron asesinadas o desaparecidas en
4 meses.
La Comisión precisó en su informe que dentro de las víctimas se
encontraron casos de jóvenes raptados durante la noche por
policías, casos de parientes ejecutados en presencia de sus
niños, comerciantes asesinados durante sus actividades, alumnos
y hasta niños asesinados.
¿Policía politizada?
En demasiadas ocasiones se ha revelado que los crímenes están
relacionados con la policía. En un informe publicado en
septiembre, la Coalición Nacional por los Derechos de los
Haitianos (NCHR) denunció el retorno del fenómeno "attachés"
(banditos trabajando con la policía). La NCHR indicó, por
ejemplo, que la comisaría de Delmas 33, ubicada en la periferia
este de Puerto-Príncipe, es un bastión de estos bandidos.
Operan durante la noche y se especializan en violencia sexual,
robo, tortura, ejecución sumaria, desaparición y secuestro bajo
la complicidad de la policía, afirmó el informe.
Sin perder tiempo, el gobierno desmintió la afirmación de la
NCHR. Pero, al inicio de noviembre, cuando el experto de las
Naciones Unidas, Louis Joinet, efectuó una visita de trabajo en
Haití, descubrió elementos confirmando la existencia de "una
policía paralela" y pidió su disolución. Louis Joinet se dio
cuenta que "el Estado de impunidad sustituyó al Estado de
derecho".
Los organismos de defensa de derechos humanos hicieron
conocer su "preocupación" por el hecho de que la policía abandonó
su misión de "proteger y servir" a los ciudadanos/as para
transformarse en un cuerpo "politizado", ligado al interés del
gobierno.
Esto se vio cuando un Director General de la policía, Jean
Robert Faveur, dimitió el 21 de junio, menos de un mes después
de su toma de posesión, y se fue al exilio en Estados Unidos.
En su carta de dimisión, denunció una tentativa de control
absoluto del Ejecutivo y el no respeto de las reglas.
Frente a la oposición socio-política
La policía está profundamente implicada en la dispersión
violenta de manifestaciones antigubernamentales en diversas
ciudades del país. Varias veces llegaron los policías para
apoyar a los seguidores violentos del gobierno, que declararon
públicamente que no aceptarían ninguna protesta anti-Aristide,
en un contexto muy difícil para el gobierno, que desde hace
meses enfrenta un incremento de la protesta de parte de diversos
sectores descontentos.
Un reciente caso es la concentración abortada del Grupo 184
(nombrado así por agrupar a 184 asociaciones del sector privado
y asociaciones ciudadanías de varios sectores) el 14 de
noviembre de 2003. Millares de personas de múltiples categorías
sociales respondieron a la convocatoria de esta plataforma, para
expresarse contra el método de gestión del país por parte de la
administración Aristide.
Llegaron los partidarios del gobierno y tiraron piedras contra
los participantes, en tanto que la policía mantenía una
presencia pasiva. En lugar de controlar a los agresores, la
policía tiró gases lacrimógenos para dispersar la manifestación
y procedió al arresto de 30 miembros del servicio de orden del
Grupo 184.
De la misma manera, el 29 de octubre, un grupo de partidarios
del gobierno impidió violentamente una protesta de varias
organizaciones civiles haitianas frente al palacio de justicia
para denunciar el clima de violencia. Los grupos pro-Aristide
intentaron violentar físicamente a los participantes. Tiraron
piedras, botellas y otros objetos contra los manifestantes,
prometiendo "cortar las cabezas e incendiar las casas".
"No ver, no oír, no hablar, no es una solución", fue la
principal consigna de la protesta en la que los/as
participantes, en su mayoría mujeres de la Coordinación Nacional
para el Empoderamiento de las Mujeres (CONAP, siglas en
francés), denunciaron los crímenes, la opresión y la corrupción
en Haití.
Tal como los movimientos de mujeres, asociaciones de
estudiantes y alumnos repitieron la misma experiencia. El 22 de
octubre, después de abortar una manifestación de partidos de la
oposición, seguidores de Aristide atacaron a la Facultad de
Etnología, donde estudiantes gritaron eslóganes hostiles al
poder.
El mismo método violento sirvió también para intentar
tranquilizar a manifestantes en Gonaives (Centro-oeste). Desde
fines de septiembre, más de 15 personas fueron asesinadas y
otras 30 más heridas de bala en manifestaciones
antigubernamentales, según cifras de varias fuentes.
En Gonaives, antiguos partidarios de Aristide cambiaron de bando
después del asesinato horrible de Amiot Métayer, un fiel
colaborador del presidente que dirigió operaciones violentas
contra partidos de oposición el 17 de diciembre de 2001, cuando
el gobierno anunció un intento de "golpe de Estado". El jefe de
Estado fue personalmente acusado de ser responsable del
asesinato de Métayer. Un caso similar ocurrió un mes después en
Cité Soleil, barrio pobre del norte de la capital.
Vísperas de bicentenario
En vísperas del bicentenario de Haití (primer de enero de 2004),
Aristide difunde un discurso de "reparación y restitución" de
fondos pagados por Haití en el siglo XIX al país colonizador,
Francia, para el reconocimiento de la independencia.
Pero este discurso de un gobierno con graves problemas de
credibilidad, no parece romper, en el plano nacional, el
aparente aislamiento progresivo de la administración de
Aristide.
En las calles, la gente está reclamando al poder qué ha hecho
para intentar mejorar las condiciones de vida de la población,
porque, además de los abusos, se observa una baja constante de
la producción (-1,2%), permanencia de un alto nivel de desempleo
(50% según la ONU), aumento del costo de la vida acompañado de
la devaluación de la moneda (de 26 gourdes para un dólar
estadounidense en agosto de 2002 a 45 gourdes para un dólar en
febrero de 2003).
Entre el inicio de octubre y la actualidad más de 200
intelectuales firmaron una petición para denunciar la postura
gubernamental que intenta "buscar legitimidad" a través de la
celebración del bicentenario. Organismos No Gubernamentales y
asociaciones del sector popular formaron una plataforma para una
celebración alternativa. El objetivo es "relanzar las luchas
populares para obtener una independencia real", sin "dominación,
explotación, impunidad y violaciones de las libertades".
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