Por Wooldy Edson Louidor
Puerto Principe, 24 oct. 06 [AlterPresse] --- El viernes 20 de octubre, el presidente colombiano Álvaro Uribe canceló su oferta de negociar el canje de guerrilleros presos por rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), a las que calificó de “terroristas” y culpó del bombazo del jueves 19 de octubre en una escuela militar de Bogotá que dejó un saldo de cinco militares y una decena de civiles heridos.
Así el presidente colombiano Uribe dio marcha atrás al acuerdo humanitario, que él había empezado con las FARC el 27 de septiembre luego de haber aceptado desmilitarizar dos municipios, Florida y Pradera, en el Suroeste colombiano. Mientras prosigue en Habana, Cuba, negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla de Colombia.
Uribe optó por el rescate militar de las 58 personalidades políticas y militares secuestradas por las FARC, de las cuales Ingrid Betancourt, ex-candidata de los Verdes a la presidencia de Colombia, y Clara Rojas, la directora de su campaña, ambas capturadas por las FARC desde el 23 de febrero del 2002.
Esta decisión belicosa de Uribe pone fin a los esfuerzos pacificistas de un conglomerado de países que, a título de acompañantes, mediadores y observadores (Francia, España, Noruega, Suiza, Venezuela, Cuba…), facilitaban los procesos y mecanismos de negociaciones entre el gobierno de Uribe y las FARC. También destruye la esperanza de los familiares y amigos de los rehenes de poder ver por fin a los suyos y las suyas.
Mientras familiares de los rehenes se mostraron preocupados por la orden del presidente de un rescate militar que puede llevar, según ellos, a “condenar a muerte” a los secuestrados, por su parte, sectores de la oposición de izquierda denunciaron que un grupo de militares podría ser el autor del atentado ya que existen disputas entre ellos. La agencia de noticias rebelde Anncol fue más lejos al calificar el atentado de "montaje de los gobiernos colombiano y de Estados Unidos" como excusa para dar marcha atrás en las negociaciones con las FARC.
Más allá de las interpretaciones contradictorias de Uribe y de sectores de la oposición sobre el atentado del pasado jueves, los rehenes y sus familiares y la sociedad colombiana siguen siendo presos y víctimas de esta guerra armada y sicológica entre las FARC y el Estado colombiano (que ambos van a continuar) y de todas sus consecuencias a corto y largo plazo para los refugiados, los desplazados internos, el país entero, los países fronterizos con Colombia (Brasil, Venezuela, Panamá y Ecuador) y la Comunidad internacional.
El proceso de paz en Colombia podría parecer interesante para Haití, que enfrenta desde dos anos olas de violencia, particularmente en barios populares de Puerto Príncipe. Ahí se ve lo difícil y complejo que es para fuerzas en conflicto armado y con intereses opuestos (el gobierno de Uribe y las FARC) adoptar y proseguir la vía del diálogo, aun con el apoyo mediador de países de la Comunidad internacional.
Aunque en Haití se habla de bandos armados, varios grupos, clanes, “bases”, ghettos, es tiempo, según la política del gobierno, de ir identificando los actores armados “de peso” para llegar a un “diálogo”. No se sabe por ahora lo que podría significar un “acuerdo humanitario” en el caso haitiano.
De toda manera, no le competirá a una sola persona (el presidente de la República) o a un único poder (el Ejecutivo) negociar a puerta cerrada con estos grupos armados, sino que todas las fuerzas vivas de la nación deben jugar un papel importante y fundamental para llegar a una solución, debido a que la situación de violencia afecta a la sociedad en conjunto. Quizás es lo que hace falta también en el proceso colombiano. [wel gp apr 24/10/2006 13:00]
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