Santo Domingo, 16 mayo 05 [AlterPresse] --- Las repatriaciones de haitianos/as y dominicanos/as debe ser detenidas de inmediato, no se debe seguir perdiendo, el gobierno terminar con lo que está ocurriendo en la frontera norte de la República Dominicana con Haití, son parte de las reflexiones del Servicio Jesuita a Refugiados/as y Migrantes de Santo Domingo y Dajabón, que fijaron posición éste 16 de mayo frente a lo que está ocurriendo con las expulsiones, las que consideran un abuso y violación a las leyes nacionales y extranjeras.
“Hay que suspender de inmediato los operativos militares que han venido realizando en estos días en varias comunidades de la zona noroeste, con el objetivo de expulsar a todos/as los/as haitianos/as y los/as dominicanos/as de ascendencia haitiana, violando las leyes nacionales e internacionales vigentes en materia de derechos humanos†, expresa el SJRM en un comunicado entrega a la redacción de AlterPresse en Santo Domingo por la Unidad de Comunicación de la entidad.
“Desde el pasado viernes 13 de mayo por el puesto fronterizo de Dajabón, han sido expulsados/as hacia Haití cientos de niños, niñas, mujeres embarazadas y trabajadores migrantes sin verificar su status migratorio que le permite su permanencia en la República Dominicana, y basándose solamente en el color de su piel†.
Indica el Servicio que hasta la fecha han sido expulsadas alrededor de dos mil personas, entre ellos/as muchos/as nacionales dominicanos/as de tez negra por su ascendencia haitiana. Esta acción, que no podrá ser tolerada en el ámbito nacional e internacional, expone el país a ser sancionado por los organismos internacionales.
“Las expulsiones masivas han tenido origen en la difícil situación que se ha producido en la comunidad de Hatillo Palma (Montecristi), tras el asesinato de la señora Maritza Núñez por manos de presuntos nacionales haitianos, el pasado 8 de mayo. Este es el quinto caso de asesinato de personas residentes en dicha comunidad atribuido a nacionales haitianos en los últimos tres años†, explica el documento.
Expresa que este último caso desató la irá de grupos de ciudadanos/as armados/as, quienes obligaron a la minoría haitiana, bajo amenaza de muerte, a abandonar sus casas, muchas de las cuales fueron luego saqueadas. Sin embargo, la mayoría de la comunidad, para evitar más muertes, ha exigido el apoyo de las autoridades para expulsar de inmediato a todo/a migrante haitiano/a, ya sea que se encuentre viviendo de manera legal o no autorizada en Hatillo Palma, por lo que los/as hatilleros/as repiten “Ya no queremos ni un haitiano en nuestro pueblo†.
“A este pedido, las autoridades, en vez de responder al solo fin de proteger a la minoría haitiana amenazada de muerte, están aprovechando la ocasión para ejecutar la más grande expulsión masiva e indiscriminada de haitianos desde el año 1991, Extendiéndola a toda la zona noroeste.
Aunque las autoridades militares y de la Dirección General de Migración argumentan que se está tratando de un operativo de “repatriación†contra los/as migrantes ilegales, el Servicio Jesuita a Refugiados/as y Migrantes (SJRM), a través de su personal ubicado en la frontera norte, sigue acogiendo a decenas de niños y niñas con certificados de nacimiento dominicano; adultos/as con cédulas de identidad dominicana; haitianos/as con pasaportes y visados vigentes; trabajadores migrantes con permisos de trabajo temporal expedido de manera legal por las autoridades dominicanas que están involucradas en los hechos de los últimos días. El SJRM define todo esto como una “expulsión indiscriminada, ilegal e inhumana†, indica el comunicado de las instituciones de la sociedad civil dominicana.
El SJRM considera que las autoridades están violando el debido proceso de repatriación establecido por la ley de Migración número 285-2004 y por el Protocolo de entendimiento sobre mecanismos de repatriación entre la República Dominicana y la República de Haití, sucrito el 2 de diciembre de 1999. Además, se está violando la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en lo que se refiere a los derechos de los/as extranjeros/as que se encuentren legalmente en el territorio de un Estado parte del convenio y expresamente la expulsión colectiva de extranjeros/as (Art. 22.9 CADH).
Contrario a lo establecido por estas normas, en los últimos días han llegado al paso fronterizo de Dajabón, República Dominicana, más de 2,000 personas y las autoridades anuncian que el número aumentará considerablemente en los próximos días.
“El SJRM exige a las autoridades dominicanas la inmediata suspensión del operativo, para evitar se sigan sumando más pruebas a las ya existentes, suficientes para demandar al Estado dominicano ante los organismos internacionales. Las personas que están siendo transportadas a Dajabón en volteos, camiones militares y autobuses de la Dirección General de Migración para la deportación hacia Haití, cuentan la forma en la cual han sido deportados/as: “Fuimos sacados de nuestras casas a las seis de la mañana y montados en los vehículos sin permitirnos recoger nuestras pertenencias; sin darnos tiempo de avisar a nuestros familiares, dejamos hijo o uno de nuestros padres†.
De igual manera, muchos/as dominicanos/as de ascendencia haitiana han declarado que las autoridades de migración los despojaron de los documentos de identidad personal que podían probar su derecho a permanecer de manera legal en el país que los vio nacer. Estas personas, después de pocas horas de viajes, se encontraban en un país donde nunca habían estado, sin nada de comer y sin saber donde dormir†, sostiene el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes de Santo Domingo y su oficina en Dajabón- Juana Méndez (Haití).
Indican las organizaciones que acompañan a Refugiados y Migrantes en la capital dominicana y en la Región Noroeste donde se han producido cientos de repatriaciones. Las cifras fueron contactadas por el personal del SJRM en Dajabón y en Juana Méndez.
“La ciudad fronteriza haitiana de Ouanaminthe está sumergida en un estado de grave emergencia frente a esta llegada masiva, descontrolada e inesperada de expulsados/as, debido a la inexistencia de los más mínimos servicios básicos, tales como agua, luz, alimentación y escasos servicios médicos†, sostienen las entidades.
Y añaden “Esta calamitosa situación humanitaria, que corre el riesgo de agravar la ya difícil relación entre los dos pueblos que comparten la Isla Hispaniola, en un momento de grave vacío político que está viviendo la República de Haití, es el fruto de la “doble moral†con la que están actuando las autoridades dominicanas. Por un lado, siempre han estado rechazando la presencia haitiana en el país, pero, por el otro la necesitan por la falta de mano de obra criolla en renglones claves de la economía, beneficiándose de la condición de debilidad y vulnerabilidad en la que se encuentran los/as trabajadores/as migrantes y sus familias†.
“Muchas personas que se encontrarán en el territorio haitiano al final de esta expulsión masiva, buscarán todos los medios a su disposición para regresar a los lugares de trabajo y a las casas que tuvieron que dejar abandonadas con todas sus pertenencias. Las autoridades de la República Dominicana solo deben esperar que eso pase para empezar a contar sus ganancias: en el caso de cruce legal, serán miles los nuevos carnés de trabajo temporal y centenares los pasaportes que necesitarán nuevas visas; en el caso de cruce ilegal, serán muchos los miles de pesos en sobornos que se repartirán entre los militares asignados en los puestos de chequeos fronterizos y en el interior del país†.
Es responsabilidad del Director General de Migración, Carlos Amarante Baret, detener inmediatamente estas expulsiones masivas y trabajar para que se conviertan en repatriaciones ordenadas y respetuosas de la dignidad humana de toda persona que se encuentre de manera irregular en el territorio dominicano.
Confiamos en el sentido de responsabilidad del Presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna, el cual es un gran conocedor de las repercusiones negativas que estas prácticas puedan ocasionar a la imagen internacional de la República Dominicana y a su economía, que se sostiene en gran parte por la exportación de productos agrícolas y por el turismo proveniente de países que son sensibles a este tipo de violación a los derechos humanos.
Una expulsión masiva de esta dimensión, sólo puede entenderse como una excusa para desviar la atención de la opinión pública de los reales problemas internos y externos del país, tales como los megaproyectos millonarios de construcción del metro para la ciudad de Santo Domingo y la utilización de fondos públicos para invertir en un hospital privado en Santiago de los Caballeros, entre otros.
El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes/SJRM pide que el Estado dominicano asuma su responsabilidad para formular una clara y justa política migratoria, en la cual se respeten las leyes nacionales e internacionales vigentes en materia de derechos humanos de todas las personas, sin importar su raza, sexo, idioma y religión, que contribuya a detener la entrada irregular de los/as migrantes y favorezca las relaciones con las personas que residen de manera legal en el país.
El comunicado del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes de la República Dominicana está firmado por los sacerdotes Regino Martínez y José Núñez, ambos de la Compañía de Jesús. [jls apr 16/05/2005 20:40]
Consulter +
