Por Sally Burch
Tomado por AlterPresse de ALAI
ALAI-AMLATINA 27/04/2004.- Brasil ha aceptado liderar la fuerza
internacional de paz de las Naciones Unidas en Haití, a partir del
próximo 1 de julio, cuando los Cascos Azules tomarán el relevo a
la fuerza encabezada por EE.UU., que desplazó al Presidente
Jean-Bertrand Aristide del poder el pasado 29 de febrero. Esta
fuerza está compuesta actualmente por 3700 efectivos de EE.UU.,
Canadá, Francia y Chile.
Por su parte, el gobierno interino firmó un acuerdo, el 4 de abril,
con partidos políticos (entre los que no se incluye el partido
Lavalas de Aristide) y representantes de sociedad civil, para la
realización de elecciones el año próximo. El presidente
democráticamente electo asumirá el poder a más tardar el 7 de
febrero de 2006.
La población, entre tanto, sigue sumida en condiciones de
escasez y caos, ante la casi ausencia de servicios básicos y
orden público. La capital se encuentra sin electricidad desde hace
semanas y con la basura apilada en las calles. Se ha desatado
una "caza de brujas" contra los partidarios de Aristide, muchos de
los cuales están escondidos, mientras que decenas han sido
asesinados. Las bandas armadas siguen haciendo la ley a su
manera, especialmente en zonas del interior del país, donde aún
no se ha nombrado a las nuevas autoridades locales. En ciertas
zonas escasea la comida.
El gobierno del primer ministro interino, Gérard Latortue, lucha
prácticamente sin recursos por restablecer un cierto orden en este
país de casi 8 millones de habitantes. El gobierno saliente,
enfrentado al congelamiento de unos $500 millones de ayuda
internacional, luego de las acusaciones de fraude electoral, dejó un
déficit presupuestario de unos US$ 100 millones de dólares.
Buena parte de la infraestructura estatal se encuentra destruida
luego de los motines de febrero -cuyos daños se estiman entre
100 y 300 millones de dólares- y se ha reducido a un mínimo la
capacidad de recaudación de impuestos. La ayuda anunciada
recientemente por EE.UU., de US9 millones para la democracia,
que será administrada por la OEA, y otros $55 millones en ayuda
económica y humanitaria, no deja de ser un monto irrisorio en
relación al tamaño de las necesidades.
El desorden público se complica por la complacencia de las
autoridades y de la llamada fuerza de paz con los rebeldes
armados, que no apresuran su desarme. Estos, compuestos en
su mayoría por antiguos militares golpistas y fuerzas paramilitares
de la derecha, se regodean de la calificación de "luchadores de la
libertad" que les reconoció Latortue, prometiendo integrarles a la
fuerza policial. Ahora, uno de los líderes rebeldes, el ex coronel
del ejército Remissainthe Ravix, reclama incluso la reconstitución
del ejército. Ravix, quien dice comandar a 1681 antiguos
soldados, pretende que "somos el ejército haitiano" que sería "una
fuerza constitucional". El ejército fue eliminado por Aristide
cuando reasumió el poder como presidente constitucional hace 10
años, luego de un intervalo de tres años de dictadura militar.
La complacencia de EE.UU. con las fuerzas rebeldes no es
sorprendente cuando se ha mostrado evidencia de que este país
las viene apoyando desde hace algún tiempo. A fines de marzo,
se dio a conocer en Santo Domingo los resultados preliminares de
una Comisión de Investigación sobre Haití, instaurada por el
antiguo Fiscal General de EE.UU., Ramsey Clark, que indagaba
sobre los acontecimientos de febrero. La Comisión reveló que los
gobiernos de EE.UU. y República Dominicana habrían participado
en el armamento y entrenamiento en ese último país de los
rebeldes haitianos. La Comisión encontró que 200 soldados de las
Fuerzas Especiales estadounidenses llegaron a la República
Dominicana para participar en ejercicios militares en febrero de
2003; con autorización especial del presidente Hipólito Mejía,
éstos se realizaron más cerca de la frontera que lo usual, en una
zona desde donde los rebeldes estaban practicando ataques
regulares en Haití contra instalaciones del Estado. Algunos
centros de entrenamiento se encontraban en -o cerca de-
instalaciones militares dominicanas. La Comisión recibió también
varios informes del transporte de armas de la República
Dominicana a Haití, por tierra o mar.
Inconformidad caribeña
Una fuerte polémica internacional se ha desatado en torno a la
forma en que Aristide fue forzado a dejar el poder, y el rol de
EE.UU. y Francia en ella. Muchos sectores, y en particular los
gobiernos miembros de la Comunidad Caribeña, Caricom, además
del gobierno de Venezuela, entre otros, no reconocen al gobierno
interino. Consideran que EE.UU. y Francia perpetraron un golpe al
obligar a Aristide a abandonar el poder, infringiendo la Ley
internacional. Caricom ha amenazado pedir una investigación del
caso en la ONU; toda vez, ha demorado en formalizar el pedido,
dejando entrever que está sujeto a fuertes presiones para no darle
paso.
La preocupación de los países de la región tiene, sin duda,
fundamento. La historia del Caribe abunda en gobiernos
derrocados al antojo de EE.UU., y Cuba y Venezuela en particular
temen estar en la lista de una posible intervención estadounidense.
Algunos analistas consideran, incluso, que EE.UU. anhela
establecer una base militar permanente en Haití, como plataforma
estratégica para intervenir con mayor agilidad en la región. Y de
hecho una misión de diputados que visitó Haití recientemente
regresó con la recomendación de que EE.UU. prolongue su
presencia más allá de julio.
Aristide, entretanto, se encuentra en Jamaica, luego de su regreso
de la República Centroafricana, donde fue llevado por un avión
militar de EE.UU. el 29 de febrero. Se ha informado que Sudáfrica
estaría dispuesta a recibirlo. Para el gobierno interino de Haití, su
presencia en un país tan cercano resulta embarazosa. EE.UU.,
por su parte, mantiene la presión sobre el ex presidente. Cuando
Colin Powell visitó Haití a mediados de abril, anunció que las
autoridades estadounidenses investigarán los posibles nexos de
Aristide con el narcotráfico, para saber si son ciertas las
acusaciones de que se embolsó millones de dólares procedentes
del narcotráfico -como lo denunció en febrero pasado un
narcotraficante haitiano enjuiciado en Miami- o si solamente se
hizo el desentendido para no interferir con las contribuciones de
los narcotraficantes a sus programas sociales.
"La intervención confiscó nuestra victoria"
Al interior del país, muchos sectores sociales y democráticos
mantienen una posición más matizada. Sectores sociales que
venían reivindicando la salida de Aristide por corrupto y por su
estilo dictatorial de gobierno, mantienen un apoyo crítico al
gobierno interino al considerar que podría encaminar un proceso
democrático en el país.
Las organizaciones haitianas miembros de la Asamblea de
Pueblos del Caribe, que incluyen a organizaciones de derechos
humanos, de desarrollo rural, de mujeres, de la iglesia popular,
entre otras, emitieron un comunicado, el 15 de marzo, a sus
contrapartes del Caribe, en el cual solicitan a éstos que denuncien
la presencia de Aristide en Jamaica. Consideran que Aristide
traicionó los objetivos e ideales del movimiento popular de 1986
(que derrocó al dictador Duvalier) y que su régimen aplicaba
sumisamente los dictados de Washington y del FMI, y destruyó
las instituciones del país y buena parte de su capacidad
productiva.
Estas organizaciones piden a los amigos/as del pueblo haitiano
que ayuden a consolidar el proceso actual, para lo cual identifican
como prioridad a la lucha contra la actual ocupación militar de su
territorio. Condenan las circunstancias en las que Aristide
abandonó el país y la interferencia del Departamento de Estado en
la política interna del país, así como la insurrección armada
apoyada por la CIA. Denuncian que: "Las fuerzas
estadounidenses intervinieron en Haití para desvirtuar y confiscar la
victoria del Pueblo Haitiano contra la dictadura de Aristide",
precisando que fue el propio Aristide, mas no el Pueblo Haitiano,
quien pidió la intervención de tropas extranjeras.
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