Por Julia Schünemann, Investigadora de FRIDE
Y Pierre Richard Cajuste, Ex delegado de Haití
ante la ONU
Transmitido a AlterPresse el 27 de noviembre de 2011
¿Qué sucede cuando un país en deterioro estructural como Haití se ve violentado por una emergencia “natural”? El devastador terremoto del 12 d’enero, con su epicentro a escasos
kilómetros de la capital Puerto Príncipe, irrumpió en el corazón de un Estado frágil y carente de legitimidad: un Estado incapaz de proveer los servicios sociales básicos a su
población y de protegerla; un Estado incapaz de forjar un pacto social para impulsar el desarrollo sostenible a través de la transformación estructural de la economía política local.
El brutal impacto de este desastre natural sin duda fue provocado por el hombre. Más de 230.000
personas fueron enterradas bajo los escombros de unos edificios tan endebles como las instituciones estatales. Cientos de miles más resultaron heridas y se quedaron sin cobijo. Más de 2 millones de personas necesitan asistencia alimentaria y 1,3 millones fueron desplazadas. Un golpe demasiado duro para una población que en su aplastante mayoría ya estaba sumergida en la extrema pobreza y la exclusión y expuesta a altísimos niveles de vulnerabilidad.
El terremoto representa la dramática cúspide de una secuencia de urgencias que azotaron a Haití en los últimos años. Es inevitable recordar los huracanes Jeanne en 2004 y Gustav en 2009 con miles de muertos, la crisis alimentaria de 2009, así como diversas crisis políticas. Ya antes del 12 de enero muchos señalaban la continua necesidad de gestionar la urgencia (gérer l’urgence) en Haití como un obstáculo crítico para aplicar un enfoque más estratégico frente al desarrollo del país. Hoy ya no cabe duda de que tal enfoque debe incluir la prevención de desastres como un pilar fundamental y como condición sine qua non para que Haití no desaparezca en el futuro. ¿Cómo puede Haití romper el círculo vicioso entre su creciente deterioro estructural y el encadenamiento de urgencias?
Antes de dibujar posibles respuestas a esta pregunta, este artículo indaga en algunos aspectos de la respuesta humanitaria internacional que se activó a raíz del terremoto del 12 de enero. En los primeros días reinó el caos, la confusión y la desesperación. La ayuda llegó tarde y mal coordinada. Ni el Gobierno de Haití ni la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) –los dos actores clave en ese momento– estaban en condiciones de asumir el liderazgo y responder de manera eficaz ante la urgencia. Sus cúpulas directivas, igual que sus cuadros medios y técnicos, se vieron demasiado golpeados. El mundo entero vio las imágenes del derrumbe del Palacio Presidencial y la sede principal de Naciones Unidas. Aunque el Presidente René Préval, su Primer Ministro Max Bellerive y otros altos cargos sobrevivieron, el Gobierno haitiano quedó desarmado en el doble sentido de la palabra.
La MINUSTAH perdió a más de 100 miembros de su personal, entre ellos el jefe de la misión y su adjunto, y quedó traumatizada. Nunca antes hubo nada parecido: un terremoto que literalmente borra del mapa la capital de un Estado frágil atravesando y desarmando su Gobierno e instituciones y la presencia internacional por igual y eliminando casi por completo las arterias de comunicación.
La destrucción masiva de infraestructuras vitales –sobre todo, aunque no exclusivamente, en Puerto Príncipe– como hospitales, rutas, el aeropuerto y el puerto así como los sistemas de comunicación agravó la situación y dificultó las operaciones de rescate y ayuda. Desde un punto de vista operacional y logístico, dicho escenario supuso un reto absolutamente excepcional para la acción humanitaria y la gestión de crisis.
El protagonismo de la respuesta internacional debió haber estado en manos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Como legítima representante de la comunidad internacional, ésta debió haber sido el principal punto de coordinación de todos los esfuerzos, tanto civiles como militares. Pero el vacío de liderazgo y la falta de capacidad para la organización y la coordinación de los esfuerzos internacionales de rescate, así como para la recepción y distribución de la ayuda, fue rápidamente absorbido por Estados Unidos (EEUU). En concreto, el
despliegue unilateral de una fuerte presencia militar estadounidense, alcanzando los 20.000 efectivos de la Fuerza Aérea, el ejército y la marina.
El 14 de enero la Fuerza Aérea de EEUU tomó el control del aeropuerto internacional Toussaint L’Ouverture de Puerto Príncipe, cuya torre de control había sufrido serios daños durante el seísmo. El aeropuerto se convirtió en cuello de botella para la llegada de ayuda desde el exterior. El pasado 21 de enero un muelle del puerto de la capital pudo ser rehabilitado por expertos de la Marina estadounidense, facilitando la descarga de ayuda en grandes cantidades. El 18 de enero el
Consejo de Seguridad de la ONU acordó de forma unánime incrementar temporalmente en 3.500 el número de soldados y policías de sus fuerzas de paz, lo que supuso pasar de alrededor de 9.000 efectivos a más de 12.500.
La gestión y el control del tráfico aéreo por EEUU provocó ciertas tensiones con Francia y Brasil. Éstas representaron una especie de prueba de fuerza entre tres poderes con roles históricos y motivaciones muy distintas en Haití, que de alguna u otra manera vieron comprometida su visibilidad como proveedores solidarios de ayuda, así como sus intereses
estratégicos: Francia, antiguo y receloso poder colonial; Brasil, potencia global emergente, cuya
proyección en Haití alcanza su máximo reflejo en el liderazgo militar de la MINUSTAH, y EEUU, potencia hegemónica de la región con un largo historial de injerencias, intervenciones y ocupaciones en Haití. Pero no sólo hubo roces entre gobiernos. ONGs internacionales, como Médicos sin Fronteras, también criticaron la gestión del tráfico aéreo, alegando que EEUU daba prioridad a la llegada de militares en vez de personal y material de socorro. El 18 de enero Naciones Unidas y EEUU decidieron formalmente priorizar los vuelos humanitarios. Efectivamente, la operación humanitaria en Haití representa un caso de militarización de la ayuda, dada la participación directa de militares en las tareas de distribución de la ayuda.
La operación esta dounidense en particular fue dirigida por el Pentágono, y en concreto el Comando Sur (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés), y no por las agencias gubernamentales civiles como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en sus siglas en inglés) o la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Las fuerzas militares de EEUU no contaron con un mandato internacional legítimo y a pesar de las circunstancias debieron haberse coordinado mejor con la MINUSTAH, una misión de paz con mandato de la ONU.
Reconstrucción
La reconstrucción de Haití llevará décadas y se estima que puede costar hasta 14 mil millones de
dólares. Constituye un reto enorme y complejo, ante todo para la sociedad haitiana, que necesita
forjar un pacto social para el desarrollo del país involucrando a todas las fuerzas políticas y sociales, así como al sector privado y la diáspora. Para la comunidad internacional de donantes el mayor reto es la eficacia de la ayuda que prestará a Haití. La falta de un enfoque estratégico común, rivalidades entre donantes y la falta de coordinación, agendas que no toman en cuenta las necesidades locales y la sustitución en vez de la creación de capacidades son sólo algunos de los obstáculos que hay que mencionar.
La relación entre ayuda humanitaria y desarrollo, la relación entre el corto, el mediano y el largo
plazo es clave en este sentido. Es evidente que primero hay que satisfacer las necesidades humanitarias más inmediatas de la población vulnerable, destacando la atención médica, agua potable, alimentos, cobijo e instalaciones sanitarias. Pero si la respuesta humanitaria se limita a gestionar la urgencia, la continuación y en realidad la aceleración del deterioro estructural de Haití será inevitable.
Un buen ejemplo es la necesidad de realojar de forma planificada a los cientos de miles de damnificados para impedir que los campos de refugiados en Puerto Príncipe y en las afueras de la capital devengan nuevos asentamientos urbanos marginales (bidonvilles). También resulta crucial en un medio plazo priorizar la mejora rápida y tangible de las condiciones de vida de las personas. Involucrar a la población haitiana en las tareas de recuperación y reconstrucción a través de programas del tipo cash for work (dinero por trabajo), como los lleva a cabo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es necesario. Las inversiones masivas en infraestructuras son importantes, pero no son suficientes. Además, éstas deben implementarse de tal manera que creen empleo para los haitianos.
Hay que evitar a toda costa que Haití “se instale en la urgencia”, como lo recalcó hace unos meses la red de información alternativa AlterPresse en Haití (www.alterpresse.org). Para eso es necesario adopter desde el primer momento una visión holística y a largo plazo, lo que no significa comprometer el corto plazo sino actuar en function de una estrategia que fortalezca el Estado y que impulse el desarrollo sostenible. En el terreno de la provisión de los servicios sociales básicos, hay que evitar la creación de un sector “público” paralelo al Estado gestionado por ONGs internacionales.
Un fenómeno que en Haití ya se podía observar antesdel terremoto y que en definitiva perjudica la construcción de un Estado capaz y legítimo. Para que Haití pueda escapar del círculo vicioso, las inversiones sustanciales en la recuperación y protección del medio ambiente, la prevención de desastres y la alerta temprana deben estar en el corazón de cualquier estrategia y plan de acción. Y deben comenzar ya. Cientos de miles de vidas podrían haberse salvado si las alertas sobre el riesgo de actividades sísmicas en Haití se hubieran tomado en serio y se hubieran aplicado las medidas necesarias en materia de planificación y construcción urbanística, así como protocolos de actuación ante desastres. En este contexto resulta imperioso reforzar las estructuras locales y la capacidad de respuesta de la sociedad civil, dado que constituyen el núcleo de una mayor resiliencia de la sociedad?
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