Haiti
Perspectivas

Haití-República Dominicana: Las dos caras del gobierno dominicano con respecto a Haití


Añadió el Martes 22 de mayo de 2007

El reto de conciliar los discursos “fraternos” en el ámbito internacional con los hechos a nivel interno.

Por Wooldy Edson Louidor

Puerto Príncipe, 22 de mayo 07 [AlterPresse] --- La comparación entre los discursos “fraternos” sobre Haití, que han hecho las autoridades dominicanas en el ámbito internacional y sus prácticas discriminatorias en contra de las y los migrantes haitianos y sus descendientes al interior de la República Dominicana, revela muchas contradicciones, consta la agencia en linea haitiana AlterPresse.

Las personas que han sacado a la luz pública estas contradicciones han sido expulsadas de República Dominicana, como sucedió al padre belga Pedro Ruquoy, o bien se han expuesto a perder su nacionalidad dominicana, en el caso de la militante dominicana de ascendencia haitiana Sonia Pierre.

Todo parece indicar que el gobierno dominicano muestra dos caras en el manejo de sus relaciones con Haití: una, cuando interviene en reuniones y otros eventos internacionales; y otra, muy diferente, en su trato a las y los migrantes haitianos y sus descendientes en el territorio dominicano.

Dos caras o ambitos

Por ejemplo, durante la XIII Reunión Ministerial del Grupo Río - Unión Europea que se celebró en Santo Domingo del 17 al 20 de abril de 2007, Carlos Morales Troncoso, el secretario dominicano de las Relaciones Exteriores, promovió, con mucho celo, la discusión en torno a la situación de Haití elogiando los avances del país vecino en materia de seguridad y de lucha contra la violencia.

El funcionario aprovechó la ocasión para subrayar que el presidente haitiano, René Garcia Préval, ha sabido gobernar Haití con “notable inteligencia, tolerancia y sabiduría”.

En su intervención delante de las delegaciones de 20 países del Grupo Río y de 27 naciones de la Unión Europea que asistían a dicha Reunión, el canciller dominicano fue más allá, para insistir sobre la necesidad de “revisar y evaluar el tema haitiano y buscar las vías más adecuadas, para que la comunidad internacional participe activamente en la solución de los problemas aún vigentes (en dicho país)”.

Este trabajo de incidencia, que protagonizó el gobierno dominicano a través de su canciller, tuvo un impacto positivo, ya que la comisaria de relaciones exteriores de la Unión Europea, Benita Ferrero Waldner, prometió a la República de Haití una donación de 233 millones de euros que “deberán ser invertidos en apoyo a la educación, la infraestructura física, el desarrollo rural y la gobernabilidad”.

Paralelamente a estas muestras de fraternidad, las autoridades dominicanas no han dejado de recalcar y reivindicar su derecho soberano a repatriar a migrantes haitianos y haitianas “ilegales”, sin mostrar, de la misma manera, el interés por disminuir o eliminar la violencia y las violaciones de los derechos humanos que suelen acompañar estas repatriaciones, de acuerdo a las repetidas denuncias hechas por personas y organizaciones defensoras de los derechos de las y los migrantes haitianos.

Además, las y los descendientes de migrantes haitianos en la República Dominicana ven cada vez más reducidas sus posibilidades de tener actas de nacimiento y nacionalidad dominicanas, derechos que les da el “jus soli” consagrado por el artículo 11 de la Constitución dominicana vigente.

De un otro lado, se refleja, cada vez mas, en el discurso oficial de nacionales dominicanos, hasta en los medios de comunicación en República dominicana, un pensamiento, según lo cual la república de Haití seria un pais malgestionado, “fallido”, a que la comunidad internacional se supone ayudar y prestar asistencia urgente para eliminar enfermedades y evitar un supuesto peligro en la region caribena.

Jus sangini contra jus soli

Como prueba fehaciente de esta actitud discriminatoria, uno de los objetivos del proceso de reforma de la Constitución dominicana, que está en curso en dicho país, contempla la eliminación del “jus soli”, principio según el cual cualquier persona (a menos que sea hijo/a de diplomáticos y de personas en tránsito), que nace en el territorio dominicano, tiene derecho a la nacionalidad de dicho país.

No obstante, basta visitar la capital dominicana para comprobar con sorpresa que dichos migrantes haitianos calificados por las autoridades dominicanas como “ilegales”, son los mismos que actualmente trabajan a título de peones en obras públicas, tales como la construcción de carreteras, edificios estatales y gubernamentales y el megaproyecto del metro urbano en Santo Domingo.

Además, dichos migrantes son el pilar de la construcción de hoteles, complejos turísticos y grandes edificios administrativos que han contribuido a la modernización tan elogiada por las autoridades y la sociedad dominicanas.

No se menciona su aporte fundamental en la economia dominicana, tampoco de lo de nacionales haitianos que viajen regularmente o que compran diversos articulos en República dominicana.

Estas labores pesadas y poco calificadas, que no quieren hacer los Dominicanos, la mano de obra haitiana las realiza a un precio muy barato, dócilmente y sometiéndose a condiciones de vida y de trabajo infrahumanas, ya que la mayoría de ellos duermen en las mismas construcciones donde trabajan, no tienen acceso a servicios públicos, comen y visten precariamente y viven permanente con el temor a ser aprehendidos como “criminales” y deportados cual animales por militares y agentes de la migración dominicana; agentes que son parte del mismo Estado para el cual estos migrantes trabajan.

Derechos humanos y condiciones laborales en el teritorio dominicano

En el marco de las actividades por el Día de “las Memorias de la trata de los negros, la esclavitud y sus aboliciones” que están siendo celebradas en París desde el 10 de Mayo de 2007, las fotos de Céline Anaya Gautier en la exposición “Esclaves au paradis” (en español, Esclavos en el paraíso) y los testimonios de los sacerdotes católicos, Christopher Hartley y Pedro Ruquoy, denuncian de manera elocuente “las condiciones de vida de los cortadores de caña y de las poblaciones que viven en los bateyes en República Dominicana”.

Paradójicamente, las autoridades dominicanas en vez de haber tomado medidas enérgicas en contra de esta forma moderna de esclavitud en los bateyes, lo que han hecho es expulsar del país a defensores de los derechos de los trabajadores haitianos que han tenido el coraje de denunciarlo nacional e internacionalmente.

Este fue el caso de Pedro Ruquoy.

Por su parte, a la militante dominicana Sonia Pierre que ha abogado por el respeto al derecho a la nacionalidad dominicana de las y los descendientes de migrantes “ilegales”, el gobierno dominicano le amenazó con quitarle la nacionalidad dominicana, argumentando un supuesto fraude cometido en 1963 cuando ella fue registrada.

Doble moral o de hipocresía?

Frente a estas contradicciones flagrantes entre los discursos “fraternos” del gobierno dominicano en el ámbito internacional en relación con sus acciones discriminatorias contra las y los migrantes haitianos y sus descendientes y las represalias contra las personas que han denunciado tales contradicciones, ¿no se puede hablar de doble moral o de hipocresía de dicho Gobierno?

Las autoridades dominicanas enfrentan el reto de mostrar, con hechos y en la práctica, a la Comunidad internacional que realmente le preocupa la situación del país vecino y los derechos humanos de los migrantes haitianos y sus descendientes; discurso tan ampliamente promulgado por los representantes dominicanos en el exterior.

Por su lado, el actual Gobierno haitiano está llamado también a dar claras señales de que sus ciudadanas y ciudadanos en República Dominicana cuentan para él, buscando mejorar la situación migratoria y de documentación de sus compatriotas en la república vecina, mediante la elaboración e implementación de acuerdos con el Estado dominicano y, sobre todo, trabajando para hacer de Haití un país donde se puede vivir y en donde valga la pena vivir. [wel rc apr 22/05/2007 0:00]