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Haiti-RD : Apatridia se impone para dominico-haitianos

Ascendencia africana de migrantes haitianos es menospreciada en República Dominicana
Añadió el Viernes 9 de septiembre de 2016

Por Gotson Pierre

Retomado por AlterPresse de Noticias Aliadas [1]

Identificados principalmente por sus rasgos físicos, los migrantes haitianos en República Dominicana, que comparte con Haití (Ayití en criollo haitano) la isla La Española, sufren la constante amenaza de ser deportados a pesar de haber nacido en ese país, tener la nacionalidad dominicana, o llevar muchos años trabajando en el país y contribuyendo a su crecimiento económico.

Actualmente son más de 130,000 personas cuyo permiso temporal de residencia venció en junio del 2015, por tanto, viven con una espada de Damocles sobre la cabeza tras una ola sin precedente de deportaciones y de “retornos voluntarios” de haitianos que huyen de una tierra que les es hostil.

En el marco del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), aprobado en junio del 2014, el gobierno dominicano acordó una moratoria para evitar momentáneamente el regreso forzado de los migrantes haitianos.

Entre junio del 2015 a julio del 2016, 125,720 personas cruzaron la frontera haitiano-dominicana en condiciones infrahumanas, según el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR), plataforma haitiana que trabaja en temas de migración desde 1991.

Se estima que son 77,405 los “retornados voluntariamente” y 48,315 los “repatriados”, incluyendo dominicanos de origen haitiano que arribaron sin medios a Haití, país que no ha logrado establecer infraestructuras apropiadas en zonas de acojo.

Cuestionable fallo

El episodio actual, iniciado hace tres años, representa una de las crisis migratorias más graves entre Haití y República Dominicana. Esta llevó a los dos Estados a establecer una “mesa de diálogo” a raíz de la resolución 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano de setiembre de 2013, que retiró la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana. La mesa de diálogo se interrumpió en el 2015.

Es lo más lejos que ha llegado el Estado dominicano, que de la noche a la mañana desposeyó a sus propios ciudadanos dominicanos de su nacionalidad por el mero hecho de ser hijos de padres haitianos. La resolución involucra a todas aquellas personas que hayan nacido en territorio dominicano de padres extranjeros en situación irregular desde 1929.

Según una encuesta del 2012 de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana, había en el país 524,632 migrantes, de los cuales 458,233 eran de ascendencia haitiana. De mantenerse esa proporción, la migración haitiana representa actualmente 87.3% de la población extranjera que vive en República Dominicana.

Esta importante presencia haitiana es el resultado de una historia que remonta a la década de 1920, tras la ocupación militar estadounidense a Haití en 1915, en un contexto donde la mayoría de los países de la región, incluida República Dominicana, se encontraban bajo la dominación militar de EEUU.

Los historiadores han establecido cómo, en aquella época, los campesinos haitianos, desposeídos de sus tierras en beneficio de nuevas compañías estadounidenses, empobrecidos y cansados de las feroces condiciones de la ocupación, partían masivamente hacia la República Dominicana o Cuba. Allá, paradójicamente, eran también azucareras estadounidenses las que compraban su fuerza de trabajo por salarios miserables.

“La emigración tomó proporciones considerables y trágicas”, nota la historiadora haitiana Suzy Castor, y los trabajadores eran prácticamente esclavizados en los campos de caña de azúcar llamados “bateyes”. Castor indica que la United Fruit, por ejemplo, empleó a 8,000 de esos emigrantes en 1926 y a 12,000 en 1927.

La dictadura de François y Jean-Claude Duvalier (1957-1986) impulsó igualmente a numerosos haitianos a emigrar e incluso, a través de contratos, el Estado haitiano se comprometía a abastecer regularmente a las empresas azucareras con numerosos cortadores de caña en República Dominicana, cuya economía se construyó inicialmente sobre lo que se ha llamado el “azúcar amargo”.

Los que han sido desnacionalizados son, en parte, los descendientes de esos haitianos que por generaciones nunca han sabido nada de Haití, no han mantenido ningún contacto con la tierra de origen de sus antepasados y que han luchado por integrarse progresivamente a la sociedad dominicana.

De ahí que la resolución 168-13 ha provocado reacciones fuertes de rechazo hasta protestas en las calles de Haití.

Brecha económica y/o racismo

En la opinión pública, expresada a través de los medios de comunicación, uno de los elementos resaltados para tratar de entender esa situación es el factor económico. En junio del 2015, en plena crisis migratoria, el entonces primer ministro haitiano Evans Paul estimó en entrevista con la prensa que “la mejor manera de resolver el problema es trabajar para el equilibrio en las condiciones de vida entre ambos países”.

Pero, para miles de haitianos a la raíz del problema está el “antihaitianismo” que prevalece al otro lado de la frontera. Esto los llevó en el 2015 a realizar manifestaciones de protesta contra “la xenofobia” y “el racismo” dominicano en las calles de la capital y frente a la embajada de República Dominicana en Haití.

El Colectivo 4 de Diciembre —integrado por influyentes personalidades de la sociedad haitiana— y otras organizaciones de la sociedad civil convocaron el 25 de febrero del 2015 a una concurrida manifestación en las calles de Port-au-Prince para protestar en contra de las prácticas “discriminatorias”, “racistas” y “antihaitianas” de República Dominicana. El 21 de julio de ese mismo año miles de haitianos participaron en la “marcha por la dignidad” y a inicios de agosto se realizó otra manifestación de protesta en la frontera con República Dominicana en rechazo a la política migratoria del país vecino, que con la “deportación masiva” deja en estado de apatridia a dominicanos de ascendencia haitiana.

Varias organizaciones de derechos humanos haitianas denunciaron que la resolución 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano constituye un “genocidio civil”, casi 75 años después de la masacre de los haitianos, ocurrida en octubre de 1937 en República Dominicana. El entonces dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) ordenó la erradicación masiva de la población haitiana que vivía en los bateyes a lo largo de la frontera entre ambos países. Alrededor de 15,000 migrantes haitianos fueron perseguidos y asesinados.

República Dominicana no es una tierra de acogida para los haitianos que emigran continuamente desde hace muchos años por causa, entre otras, de la brecha económica que se amplía inexorablemente entre los dos países.

La frontera haitiano-dominicana no es solamente terrestre. A pesar de tener una historia común de colonización europea y de dominación estadounidense, una frontera socio-cultural divide la isla. Por un lado República Dominicana, que valoriza su pasado indígena y el elemento hispánico de su historia, y por el otro, Haití, cuya ascendencia africana es menospreciada y rechazada por el país vecino.

Para ciertos analistas, esta visión constituye el pilar de todas las disposiciones migratorias dominicanas, a pesar de la existencia de relaciones amicales entre personas y familias provenientes de los dos países.

De hecho, la forma como los gobiernos en Haití han abordado el tema migratorio no ayuda a revertir la tendencia. La actitud de las autoridades haitianas suele ser condenada porque es percibida como favorable a la defensa de los intereses particulares y no del interés común y de la dignidad de los migrantes haitianos.

Los distintos presidentes de Haití han gobernado para la élite de mulatos que controla las principales empresas y bancos de Haití y que no muestran solidaridad alguna con los migrantes haitianos en República Dominicana ni con la mayoría negra que vive en la pobreza y exclusión.

A pesar de estar orgullosos por su historia de libertad y su cultura negra, la exclusión a la que es sometida la mayoría de los haitianos obliga a muchos de ellos a aceptar condiciones de vida inhumanas, marginalidad y discriminación en República Dominicana.